Corte argentina declara inconstitucionales leyes de amnistía a represores
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La Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucionales las leyes de amnistía dictadas entre 1986 y 1987, que habían exculpado a un millar de militares acusados de terrorismo de Estado durante la dictadura (76-83), lo que permitirá reabrir decenas de causas y juicios
La decisión del más alto tribunal del país dará impulso a casos abiertos por crímenes de lesa humanidad cometidos en las mazmorras dictatoriales, donde decenas de miles de opositores al régimen fueron torturados y unos 30.000 permanecen desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos.
"La decisión fue tomada por amplia mayoría, con apoyo de siete de los nueve miembros de la Corte", comentó a la AFP un vocero del alto tribunal, que se expidió en un fallo de 400 páginas.
El efecto a corto y mediano plazo del dictamen será que numerosos hombres de las Fuerzas Armadas, en retiro o en actividad, serán citados de nuevo a declarar por haber sometido a prisioneros a torturas en presencia de sus maridos, esposas, hermanos o hijos, arrojarlos vivos al mar o fusilarlos sin juicio.
"El número de hombres que van a declarar son bastantes", dijo el ministro de Defensa, José Pampuro, al canal de televisión TN.
Pampuro admitió que "hay algún tipo de inquietud, que no involucra al estado de la Fuerza, sino a título personal de los que pudieran" ser citados.
"Esto es un fallo histórico", dijo emocionada, con lágrimas en los ojos, Tati Almeyda, dirigente de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora en la puerta del Palacio de Tribunales.
El presidente Néstor Kirchner dijo que "este fallo nos devuelve la confianza y la fe en la justicia al terminar con una leyes que nos llenaban de vergüenza".
El Parlamento había declarado nulas la leyes en 2003, pero faltaba la determinación de la Corte para que tenga fuerza legal y desbarate los argumentos de los defensores de los militares.
Los hechos que se enjuician ocurrieron hace casi 30 años, pero las turbulencias políticas y la inestabilidad crónica del país han impedido que se pusiese fin a uno de los períodos más oscuros y sangrientos de la historia.
Después de la derrota del general Leopoldo Galtieri en la guerra de Malvinas, en 1982, el régimen se derrumbó y fue durante la transición el gobierno del radical socialdemócrata Raúl Alfonsín que se intentó un 'Nüremberg' argentino con el enjuiciamiento de los comandantes.
Dos de ellos, Jorge Videla y Emilio Massera, fueron sentenciados a prisión perpetua, y otros a penas menores, pero el célebre juicio de 1985 demostró que hubo un plan sistemático y clandestino de eliminación de personas, con niveles de crueldad jamás vistos.
"Nunca más", fue el lema de aquel juicio inspirado en otro célebre documento con testimonios del horror, elaborado por una comisión que presidió el laureado escritor Ernesto Sábato.
Pero los 'milicos' -como se les dice peyorativamente en Argentina- pese a estar en retirada y aborrecidos por el conjunto de la sociedad, conservaron el poder de las armas y organizaron al menos cuatro levantamientos y sublevaciones para lograr que Alfonsín dictara una amplia amnistía.
Atemorizado y bajo la presión de los cuarteles, el Parlamento dictó primero una ley de Punto Final, en 1986, que ponía fecha límite a la presentación de acusaciones.
Pero la norma no conformó a los militares, por lo que se dictó una segunda, llamada de Obediencia Debida, que exculpaba a todos aquellos que hubiesen cumplido órdenes, aunque fueran aberrantes.
Las Fuerzas Armadas, actuando como grupo corporativo, tampoco se sintieron satisfechas y mantuvieron la amenaza de las asonadas y la acción de inteligencia, distribuyendo listas de personalidades que iban a ser fusiladas.
La calma llegó a los cuarteles cuando Carlos Menem dictó, entre los dos primeros años de su presidencia, centenares de indultos masivos.
Desde Videla y Massera, los dos mayores 'amos de la vida y de la muerte', en los campos de concentración de la dictadura, hasta el último sargento, quedaron fuera de culpa y cargo.
Pero los organismos humanitarios, entre ellos las Madres y Abuelas de Plaza Mayo, tampoco se dieron por vencidos y lograron que se abrieran causas por robo de bebés y cambio de su identidad para ser apropiados por militares, policías o familias afines.
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