Se cierra el cerco para los militares y declararán por lo actuado - Uruguay

Los generales del ejército uruguayo convencieron ayer a un grupo de militares retirados -acusados de violación de los derechos humanos durante la dictadura- de que deben comparecer ante la Justicia

Para ello, les dieron garantías jurídicas y el apoyo de toda la fuerza para enfrentar esa situación, impensable antes de la llegada de la izquierda al gobierno. El teniente general Angel Bertolotti, comandante en jefe del ejército, desbarató un intento de los oficiales retirados de eludir el proceso judicial, lo que en principio había contado con el apoyo de un grupo de militares en actividad. Un par de militares acusados -exentos de los beneficios de la ley de caducidad, que perdonó los abusos cometidos durante la dictadura- habían advertido que no acatarían la citación de un juez civil. Incluso dijeron estar dispuestos a resistir con armas su traslado a un juzgado. Ayer, el diario local Ultimas Noticias reveló un último intento de estos militares por evitar la justicia penal: en una reunión que mantuvieron el martes, un día antes de su encuentro con el jefe del ejército, habían decidido ofrecer datos precisos para que el gobierno pudiese hallar los restos de la nuera del escritor argentino Juan Gelman a cambio de evitar ir a prisión luego de un juicio. Sin embargo, la divulgación pública de la propuesta determinó que ayer se les planteara la exigencia de aportar esa información que dicen tener, pero con la advertencia de que eso no los liberará del proceso judicial. Más aún, se les ordenó concurrir a los juzgados. De todas formas, este grupo de militares retirados puede llegar a tener mejores noticias. Aunque la estrategia del presidente Tabaré Vázquez está destinada a hallar restos de desaparecidos en unidades militares y enjuiciar a algunos responsables de la represión que fueron más allá de los lineamientos oficiales de la dictadura, el mandatario no piensa derogar la ley de caducidad ni hacer una revisión total de lo actuado. Además, se estableció que el proceso a los militares sería acotado en el tiempo (concluirá antes de fin de año) y en la cantidad de juzgados, que se limitaría al grupo más simbólico de la represión. Tampoco se haría "un linchamiento público". De hecho, se acordó con la Suprema Corte una instrucción para que los jueces no citen a los militares a través de la policía, sino mediante comunicaciones reservadas al Ministerio de Defensa. Además, los militares citados a los juzgados contarán con asesores de primer nivel para su defensa. Como posible abogado se menciona a un ex vicepresidente del país que participó de las negociaciones por la salida de la dictadura y de la redacción de la ley que amnistió a militares y policías. Por otra parte, si el juez de la causa dispone el procesamiento con prisión de algún militar, el Poder Ejecutivo establecerá una unidad castrense como destino. En los casos de pedidos de extradición, se buscará que el juicio se realice en Uruguay. Ello también sucederá, según se espera, en el caso del crimen del agente chileno Eugenio Berríos, en el que un juez decidió una extradición y la defensa interpuso un recurso ante la Suprema Corte. En cuanto a las denuncias que comenzaron a multiplicarse por hechos ocurridos antes de la dictadura (que no están comprendidos en la ley de amnistía), el gobierno sostiene que ya prescribieron y procura que ésa sea la postura adoptada por los magistrados. El gobierno impulsa la realización de juicios por los asesinatos de la nuera de Gelman y de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Entiende que están fuera de la amnistía a militares. A DECLARAR A CHILE TAMBIEN En una declaración que pone severos límites a la postura de los militares uruguayos, el gobierno de Tabaré Vazquez afirmó ayer que cumplirá con las extradiciones de los oficiales que disponga la Justicia, una posibilidad que había sido rechazada públicamente por el jefe del Ejército, Angel Bertolotti. La Justicia uruguaya ratificó en junio la extradición a Chile de los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, sospechosos de haber protegido a militares chilenos que tenían secuestrado a su compatriota Eugenio Berríos, un químico y espía que apareció asesinado en 1995 en un balneario de Uruguay.